Defendamos la educación pública

Por Temístocles Ortega Narváez

En días recientes, cuando la comunidad académica ha puesto en el escenario público la situación de la educación superior en el país, se constituye en un acto de responsabilidad política y ética, develar los planteamientos de quienes aspiramos a cargos de elección popular, en un tema tan importante para la región, con el ánimo de contribuir en el debate público.

En el mundo actual no cabe duda sobre el lugar fundamental que ocupa la educación y el conocimiento para la realización de la vida humana. Se reconoce que una gran inversión en educación, en ciencia y tecnología, no solo propicia el crecimiento económico, sino también la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias. Sin embargo en los últimos 20 años, a la educación pública superior se le ha visto como una carga sobrellevada por gobiernos que no han encontrado en ella rendimientos ni electorales, ni económicos. Gobiernos que no han dado el salto hacia un modelo educativo de calidad, incluyente y público que garantice a la sociedad colombiana avanzar por una senda de desarrollo más equitativo. Por el contrario, proyectos de ley como la actual reforma a la ley 30, evidencian un modelo educativo al que se traslada un claro enfoque de desarrollo que profundiza la tendencia de transformar y minimizar el papel del Estado, convirtiendo a la educación en un servicio público (no en un derecho) que se transa en el mercado, tal como ha ocurrido con la fracasada ley 100 en el sector salud. Aún más, en este mundo global y competitivo en extremo, la formación profesional, sin fundamentos científicos y sin acceso a la cultura, que serían producto de la baja asignación presupuestal que plantea el proyecto de ley, conduce a empleos mal remunerados, circunstancia que acrecienta la brecha de desigualdad en lugar de reducirla.

Desde mi condición de dirigente político regional, egresado de la Universidad del Cauca, y en mi aspiración de dirigir los destinos de la región en los próximos 4 años, defenderé a la educación pública y a la Universidad del Cauca en particular, para que la educación en su conjunto se ponga en el centro de las prioridades de inversión pública en el departamento, los recursos de las regalías, manejados pulcramente, nos servirán para dar el salto hacia la cualificación de nuestro talento humano, la consolidación regional de programas de ciencia, tecnología e innovación y al acceso equitativo a la educación, de tal manera que podamos construir una sociedad más solidaria, justa y democrática. Me sumo igualmente a los diversos llamados de la comunidad universitaria para que desde el gobierno nacional, se inicie un proceso de diálogo y concertación sobre el contenido del actual proyecto de ley, y se habiliten espacios de participación de la sociedad en su conjunto para construir y escribir colectivamente y de manera consensuada el destino de la educación superior en el país.