TEMÍSTOCLES ORTEGA NARVÁEZ
orteganarvaez@gmail.com
Si los comentarios que se oyen en esquinas, tiendas y cafés son ciertos, vivimos en una alcantarilla. Si no lo son, hay una enorme perversidad fruto de mentes desadaptadas, que le hacen un terrible mal a la de por sí maltrecha imagen del terruño.
Pero es bueno, necesario, que sobre esto, alguien, y ojalá mucha gente, diga algo. La existencia de numerosas fundaciones contratistas en diferentes niveles de la administración debe ser analizada, evaluada, controlada. Se dice por ejemplo, que muchas de ellas, son de fachada. Que los verdaderos dueños no aparecen.
Que las hay para todos los gustos. Que contratan desde la compra de palillos, hasta complejos equipos de alta tecnología. Y por supuesto toda clase de obras civiles y servicios personales. Si bien esta diversidad de objetos, ya de por sí, es altamente sospechosa, la manera, según se comenta, como ejecutan los contratos, sí que resulta nauseabunda.
Se dice, para citar sólo algunos datos, que tan pronto, estas fundaciones, contratan con el necesitado ciudadano, le advierten, que el valor del contrato no es el que figura en el documento, porque deben entregar, léase bien, el 40% a la fundación.
Algunos de los contratistas rechazan “la mordida,” pero como finalmente consiguen uno que la acepta, calculen ustedes, lo que finalmente se invierte. Esto por supuesto, es extremadamente grave, es un delito, es criminal. ¡Pero atérrense! ¡Todavía es peor! En los casos en que los contratistas reciben un anticipo, como ocurre en algunos contratos, Vuelvan a leer bien: Lo llaman a la casa, para que devuelvan, como coima, el anticipo.
Esta práctica, propia de bandidos de la peor ralea, dicen, se ha vuelto ya absolutamente obligante. Nadie puede intentar contratar, con algunas entidades, si no se somete a ella. Quien pretenda competir en condiciones normales, por las vías legales, no tiene nada que hacer. La consigna es clara y contundente: o se corrompe o no contrata.
Y son muchos, pero muchos los comentarios que al respecto se escuchan por todas partes. Cómo sería de bueno, que las entidades oficiales, motu propio, decidan publicar en alguno de sus boletines, una lista completa de las contrataciones (se trata de nuestro dinero) que también podemos obtener, vía derecho de petición. Aunque como van las cosas, es de tal magnitud, tan gigantesco el nivel de corrupción de que se habla, que muchos de los afectados y hasta de los “beneficiarios” quieren sacudirse del lodo que los está asfixiando. Y comienzan a hablar. Armense de valor y cuéntenlo todo por favor.
sábado, 29 de agosto de 2009
sábado, 22 de agosto de 2009
¡Paren el robo!
TEMÍSTOCLES ORTEGA NARVAÉZ
orteganarvaez@gmail.com
A la directora de Fiscalías y sus fiscales, a la judicatura, a la Procuradora y los procuradores, al Contralor Departamental, por favor señores, paren el robo de los dineros públicos. En algunos municipios del Cauca, hay una carnicería presupuestal, un saqueo asqueante de los recursos del Estado. Y buena parte de la responsabilidad está en sus manos. No pueden seguir manejando la respuesta de que están simplemente investigando. Porque ello, si bien es una condición necesaria, no es suficiente. Produzcan decisiones. Emitan sentencias. Si existe prueba para condenar, condenen. Si no, absuelvan. Si existen pruebas, como las hay de sobra en muchos casos, suspendan provisionalmente. Actúen. Utilicen las herramientas de que disponen, para detener esta orgía del despilfarro que saben ustedes campea en varios municipios. No se dejen pasear por los laberintos de las argucias procedimentales. No actúen motivados por relaciones políticas o de amistad. Eso es prevaricato, puro y simple. Debido proceso, sí, claro, pero celeridad también. Porque una justicia tardía, no es justicia, es por el contrario una injusticia.
Y porque en cuestiones de ilícitos que involucran dineros públicos existe una característica que no pueden desconocer, contrario a lo que existe en otra clase de delitos o de faltas. Que la actividad es continuada. Porque sus autores mientras los investigan siguen actuando. Actuando para seguir en las mismas o para tergiversar la prueba. “El tiempo que pasa, la verdad que huye”, aprendíamos de los maestros del derecho en la Universidad.
Existe entre algunos funcionarios encargados del control, una grave, muy grave equivocación. Creen que estos órganos se crearon para aconsejar, para asesorar. Ello no es cierto. Los entes de control existen para vigilar que los recursos oficiales no se los roben, no se inviertan mal. Esta es su tarea fundamental. Los avisos de observaciones, los planes de mejoramiento, son subsidiarios.
Pero además informen a la comunidad. Con las salvedades de la reserva sumarial, cuenten lo que está pasando y lo que están haciendo. Pero no con vaguedades, no con abstracciones. Modifiquen los sosos, inútiles y desprestigiados informes de gestión, que no dicen mayor cosa. Díganle a la gente que está pasando con el dinero de todos. Partida por partida, contrato por contrato, obra por obra, antes de que acaben con todo.
En alguna ocasión discutimos con senadores de la oposición una modificación constitucional y legal, para crear una jurisdicción especial para delitos contra la administración pública y faltas que afecten el patrimonio del Estado. Retomaremos la idea, porque al parecer la corrupción está tocando la sal. ¿Y si la sal se corrompe?
orteganarvaez@gmail.com
A la directora de Fiscalías y sus fiscales, a la judicatura, a la Procuradora y los procuradores, al Contralor Departamental, por favor señores, paren el robo de los dineros públicos. En algunos municipios del Cauca, hay una carnicería presupuestal, un saqueo asqueante de los recursos del Estado. Y buena parte de la responsabilidad está en sus manos. No pueden seguir manejando la respuesta de que están simplemente investigando. Porque ello, si bien es una condición necesaria, no es suficiente. Produzcan decisiones. Emitan sentencias. Si existe prueba para condenar, condenen. Si no, absuelvan. Si existen pruebas, como las hay de sobra en muchos casos, suspendan provisionalmente. Actúen. Utilicen las herramientas de que disponen, para detener esta orgía del despilfarro que saben ustedes campea en varios municipios. No se dejen pasear por los laberintos de las argucias procedimentales. No actúen motivados por relaciones políticas o de amistad. Eso es prevaricato, puro y simple. Debido proceso, sí, claro, pero celeridad también. Porque una justicia tardía, no es justicia, es por el contrario una injusticia.
Y porque en cuestiones de ilícitos que involucran dineros públicos existe una característica que no pueden desconocer, contrario a lo que existe en otra clase de delitos o de faltas. Que la actividad es continuada. Porque sus autores mientras los investigan siguen actuando. Actuando para seguir en las mismas o para tergiversar la prueba. “El tiempo que pasa, la verdad que huye”, aprendíamos de los maestros del derecho en la Universidad.
Existe entre algunos funcionarios encargados del control, una grave, muy grave equivocación. Creen que estos órganos se crearon para aconsejar, para asesorar. Ello no es cierto. Los entes de control existen para vigilar que los recursos oficiales no se los roben, no se inviertan mal. Esta es su tarea fundamental. Los avisos de observaciones, los planes de mejoramiento, son subsidiarios.
Pero además informen a la comunidad. Con las salvedades de la reserva sumarial, cuenten lo que está pasando y lo que están haciendo. Pero no con vaguedades, no con abstracciones. Modifiquen los sosos, inútiles y desprestigiados informes de gestión, que no dicen mayor cosa. Díganle a la gente que está pasando con el dinero de todos. Partida por partida, contrato por contrato, obra por obra, antes de que acaben con todo.
En alguna ocasión discutimos con senadores de la oposición una modificación constitucional y legal, para crear una jurisdicción especial para delitos contra la administración pública y faltas que afecten el patrimonio del Estado. Retomaremos la idea, porque al parecer la corrupción está tocando la sal. ¿Y si la sal se corrompe?
lunes, 10 de agosto de 2009
El tiempo de la gente
TEMÍSTOCLES ORTEGA NARVAÉZ
orteganarvaez@gmail.com
El apetito desmedido por obtener utilidades no se detiene ante nada. Arrasa con todo. Una muestra patética de ello, es el desprecio por el tiempo de la gente. Las entidades financieras, de telefonía celular y en general las empresas productoras de bienes y servicios imprescindibles en la vida moderna, poco o nada consideran los derechos de sus usuarios. Para empezar, nadie lee con interés los vinculantes contratos de pequeñísimas letras que obligan al suscriptor sutilmente hasta hipotecar sus ingresos. Y qué no decir de la lentitud y demora en atender sus inquietudes y reclamos. Claro, reclamarle a estas empresas es un acto de heroísmo o estupidez, porque el usuario siempre sale perdiendo.
Si hubiese conciencia de los derechos que tenemos como consumidores de bienes y servicios, quizá la cosa sería a otro precio. Por lo menos podría haber una interlocución institucional entre una asociación defensora de los derechos del usuario y estas empresas y no como ocurre actualmente entre un indefenso ciudadano, sin mayor conocimiento de la complejidad del servicio contratado y una todopoderosa empresa que nadie conoce más que a través de un cajero que responde siempre con un protocolo de códigos y cifras que ni el mismo entiende.
Porque buena parte de las utilidades empresariales se obtienen a costa de los derechos ciudadanos. La reestructuración de que tanto se habla, implica, de un lado, sustitución de trabajadores por cuenta de la tecnología y de otro, utilización del tiempo de la gente obligándola a permanecer horas enteras haciendo cola hasta para el más mínimo trámite.
Pero nadie protesta. Cuando más, se escucha en medio de la larga espera la expresión de inconformidad, la queja por la prolongada demora, pero nada más. Por tratarse de un servicio obligante, vital casi en la sociedad actual, las empresas aprovechan su posición dominante y la falta de conciencia colectiva que impide una actitud conjunta de los usuarios para, por ejemplo, vetar alguna de ellas, no utilizando sus servicios, sentando así un serio precedente que los obligue a respetar de verdad los derechos del consumidor. Y esto debe hacerlo la misma gente, por cuanto la eficacia de las normas a este respecto o la eficiencia de las oficinas defensoras del cliente es absolutamente nula.
Cuándo aprenderemos que la historia definitivamente la hacen las gentes, las gentes del común, las mismas que cansadas ya de tanto desconocimiento de sus derechos, salen a protestar y a marchar por calles, carreteras y caminos. Hay que seguir el ejemplo. Porque, así no nos guste, no hay otra forma.
orteganarvaez@gmail.com
El apetito desmedido por obtener utilidades no se detiene ante nada. Arrasa con todo. Una muestra patética de ello, es el desprecio por el tiempo de la gente. Las entidades financieras, de telefonía celular y en general las empresas productoras de bienes y servicios imprescindibles en la vida moderna, poco o nada consideran los derechos de sus usuarios. Para empezar, nadie lee con interés los vinculantes contratos de pequeñísimas letras que obligan al suscriptor sutilmente hasta hipotecar sus ingresos. Y qué no decir de la lentitud y demora en atender sus inquietudes y reclamos. Claro, reclamarle a estas empresas es un acto de heroísmo o estupidez, porque el usuario siempre sale perdiendo.
Si hubiese conciencia de los derechos que tenemos como consumidores de bienes y servicios, quizá la cosa sería a otro precio. Por lo menos podría haber una interlocución institucional entre una asociación defensora de los derechos del usuario y estas empresas y no como ocurre actualmente entre un indefenso ciudadano, sin mayor conocimiento de la complejidad del servicio contratado y una todopoderosa empresa que nadie conoce más que a través de un cajero que responde siempre con un protocolo de códigos y cifras que ni el mismo entiende.
Porque buena parte de las utilidades empresariales se obtienen a costa de los derechos ciudadanos. La reestructuración de que tanto se habla, implica, de un lado, sustitución de trabajadores por cuenta de la tecnología y de otro, utilización del tiempo de la gente obligándola a permanecer horas enteras haciendo cola hasta para el más mínimo trámite.
Pero nadie protesta. Cuando más, se escucha en medio de la larga espera la expresión de inconformidad, la queja por la prolongada demora, pero nada más. Por tratarse de un servicio obligante, vital casi en la sociedad actual, las empresas aprovechan su posición dominante y la falta de conciencia colectiva que impide una actitud conjunta de los usuarios para, por ejemplo, vetar alguna de ellas, no utilizando sus servicios, sentando así un serio precedente que los obligue a respetar de verdad los derechos del consumidor. Y esto debe hacerlo la misma gente, por cuanto la eficacia de las normas a este respecto o la eficiencia de las oficinas defensoras del cliente es absolutamente nula.
Cuándo aprenderemos que la historia definitivamente la hacen las gentes, las gentes del común, las mismas que cansadas ya de tanto desconocimiento de sus derechos, salen a protestar y a marchar por calles, carreteras y caminos. Hay que seguir el ejemplo. Porque, así no nos guste, no hay otra forma.
lunes, 3 de agosto de 2009
Por una política deportiva
TEMÍSTOCLES ORTEGA NARVÁEZ
orteganarvaez@gmail.com
He escrito en columna anterior que la percepción generalizada acerca de la falta de una visión de ciudad en el largo plazo es evidente. Existen muchas realidades que así lo confirman. Una de ellas es la carencia de una política pública en materia deportiva. Y no hablemos de deporte competitivo, pues de eso no tenemos absolutamente nada. Quedémonos sólo en el deporte recreativo, en donde podemos evidenciar nuestras falencias.
En cuanto al futbol que es el deporte nacional, la falta de escenarios para su práctica es alarmante. Los que existen son insuficientes para atender la demanda, pues decenas de jóvenes de todos los barrios andan como locos buscando algo que se parezca a una cancha de para practicarlo. Los que existen con tales características son privados en tanto quienes quieran usarlos deben cancelar un precio. Y bien sabemos que todos los jóvenes de nuestros barrios populares son gente muy pobre, que hace un enorme esfuerzo por organizar un club, pero no dispone de los dineros para pagar por jugar.
La Gobernación es propietaria del campo deportivo de la Villa, entregado en comodato a Comfacauca. Allí hay que pagar el ingreso. El resto de los escenarios, obviamente escasos, no tienen buen mantenimiento. En síntesis no existe una política pública consensuada con los propios deportistas, ligas y dirigentes que permita advertir que en un periodo de tiempo determinado nuestros jóvenes, dispondrán de las condiciones, apoyos y estímulos necesarios para la práctica deportiva que cree en ellos la cultura del deporte con todas las ventajas personales, familiares y sociales que lleva implícita.
Y si no existe tal política pública en esta materia, los esfuerzos que se hacen, seguramente bien intencionados, no producen los frutos esperados. Así no vamos a ninguna parte. Porque no solamente debemos dedicarnos a las pequeñas cosas a que estamos acostumbrados. Un torneo, aquí, un campeonato acá, un apoyo oficial más allá. Dilapidamos los escasos recursos, sorteamos la coyuntura, obtenemos un titular de prensa, pero seriamente no podemos afirmar que estamos estructurando un plan que nos permita considerarnos, así sea en ciernes, como una capital deportiva de la región.
Estamos a las puertas de organizar, como sede, los juegos nacionales en alguna de sus disciplinas. Las energías y dineros se orientarán en tal dirección. Es un reto importante. Pero debemos aprovechar la ocasión para plantearnos una apuesta de mayor amplitud y sostenibilidad y comenzar a jugarla, para que muchos deportistas en los barrios populares que luchan en medio de grandes dificultades, sientan que no están solos, como se sienten hoy. Y eso que hablamos solo de futbol.
orteganarvaez@gmail.com
He escrito en columna anterior que la percepción generalizada acerca de la falta de una visión de ciudad en el largo plazo es evidente. Existen muchas realidades que así lo confirman. Una de ellas es la carencia de una política pública en materia deportiva. Y no hablemos de deporte competitivo, pues de eso no tenemos absolutamente nada. Quedémonos sólo en el deporte recreativo, en donde podemos evidenciar nuestras falencias.
En cuanto al futbol que es el deporte nacional, la falta de escenarios para su práctica es alarmante. Los que existen son insuficientes para atender la demanda, pues decenas de jóvenes de todos los barrios andan como locos buscando algo que se parezca a una cancha de para practicarlo. Los que existen con tales características son privados en tanto quienes quieran usarlos deben cancelar un precio. Y bien sabemos que todos los jóvenes de nuestros barrios populares son gente muy pobre, que hace un enorme esfuerzo por organizar un club, pero no dispone de los dineros para pagar por jugar.
La Gobernación es propietaria del campo deportivo de la Villa, entregado en comodato a Comfacauca. Allí hay que pagar el ingreso. El resto de los escenarios, obviamente escasos, no tienen buen mantenimiento. En síntesis no existe una política pública consensuada con los propios deportistas, ligas y dirigentes que permita advertir que en un periodo de tiempo determinado nuestros jóvenes, dispondrán de las condiciones, apoyos y estímulos necesarios para la práctica deportiva que cree en ellos la cultura del deporte con todas las ventajas personales, familiares y sociales que lleva implícita.
Y si no existe tal política pública en esta materia, los esfuerzos que se hacen, seguramente bien intencionados, no producen los frutos esperados. Así no vamos a ninguna parte. Porque no solamente debemos dedicarnos a las pequeñas cosas a que estamos acostumbrados. Un torneo, aquí, un campeonato acá, un apoyo oficial más allá. Dilapidamos los escasos recursos, sorteamos la coyuntura, obtenemos un titular de prensa, pero seriamente no podemos afirmar que estamos estructurando un plan que nos permita considerarnos, así sea en ciernes, como una capital deportiva de la región.
Estamos a las puertas de organizar, como sede, los juegos nacionales en alguna de sus disciplinas. Las energías y dineros se orientarán en tal dirección. Es un reto importante. Pero debemos aprovechar la ocasión para plantearnos una apuesta de mayor amplitud y sostenibilidad y comenzar a jugarla, para que muchos deportistas en los barrios populares que luchan en medio de grandes dificultades, sientan que no están solos, como se sienten hoy. Y eso que hablamos solo de futbol.
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