Hemos propuesto una amplia convergencia de sectores sociales y políticos en el entendido que solo la unidad de nuestras gentes puede facilitarnos la construcción de mejores niveles de vida para todos.
Un gobierno decente, honesto, incluyente y democrático, comprometido con la superación de los problemas históricos que impiden nuestro desarrollo, es la razón de ser de nuestra propuesta, que ha recibido el apoyo sincero y entusiasta de miles de caucanos a lo largo y ancho del departamento.
La lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de nuestro aparato productivo, educación con calidad y pertinencia, mejores niveles de seguridad y convivencia y fortalecimiento de la sociedad civil como instrumento para la participación y control ciudadano, serán ejes fundamentales del gobierno de convergencia que adelantaremos con su valioso respaldo.
Represento además el caucano que con esfuerzo y disciplina, ha logrado colocar desde el sector público y profesional al servicio de Popayán, el Cauca y el país, un proyecto de vida honesto y comprometido con el futuro del Departamento para el que solicito y agradezco su decidido concurso.
Trabajaremos por un Cauca moderno que ofrezca a todos oportunidades para formarse y trabajar en un mundo cada vez más complejo y competitivo.
Acompáñeme este 30 de octubre con su voto para VOLVER A CREER!
Fraternalmente,
TEMÍSTOCLES ORTEGA NARVÁEZ
Gobernador del Cauca 2012-2015
miércoles, 26 de octubre de 2011
lunes, 24 de octubre de 2011
Defendamos la educación pública
Por Temístocles Ortega Narváez
En días recientes, cuando la comunidad académica ha puesto en el escenario público la situación de la educación superior en el país, se constituye en un acto de responsabilidad política y ética, develar los planteamientos de quienes aspiramos a cargos de elección popular, en un tema tan importante para la región, con el ánimo de contribuir en el debate público.
En el mundo actual no cabe duda sobre el lugar fundamental que ocupa la educación y el conocimiento para la realización de la vida humana. Se reconoce que una gran inversión en educación, en ciencia y tecnología, no solo propicia el crecimiento económico, sino también la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias. Sin embargo en los últimos 20 años, a la educación pública superior se le ha visto como una carga sobrellevada por gobiernos que no han encontrado en ella rendimientos ni electorales, ni económicos. Gobiernos que no han dado el salto hacia un modelo educativo de calidad, incluyente y público que garantice a la sociedad colombiana avanzar por una senda de desarrollo más equitativo. Por el contrario, proyectos de ley como la actual reforma a la ley 30, evidencian un modelo educativo al que se traslada un claro enfoque de desarrollo que profundiza la tendencia de transformar y minimizar el papel del Estado, convirtiendo a la educación en un servicio público (no en un derecho) que se transa en el mercado, tal como ha ocurrido con la fracasada ley 100 en el sector salud. Aún más, en este mundo global y competitivo en extremo, la formación profesional, sin fundamentos científicos y sin acceso a la cultura, que serían producto de la baja asignación presupuestal que plantea el proyecto de ley, conduce a empleos mal remunerados, circunstancia que acrecienta la brecha de desigualdad en lugar de reducirla.
Desde mi condición de dirigente político regional, egresado de la Universidad del Cauca, y en mi aspiración de dirigir los destinos de la región en los próximos 4 años, defenderé a la educación pública y a la Universidad del Cauca en particular, para que la educación en su conjunto se ponga en el centro de las prioridades de inversión pública en el departamento, los recursos de las regalías, manejados pulcramente, nos servirán para dar el salto hacia la cualificación de nuestro talento humano, la consolidación regional de programas de ciencia, tecnología e innovación y al acceso equitativo a la educación, de tal manera que podamos construir una sociedad más solidaria, justa y democrática. Me sumo igualmente a los diversos llamados de la comunidad universitaria para que desde el gobierno nacional, se inicie un proceso de diálogo y concertación sobre el contenido del actual proyecto de ley, y se habiliten espacios de participación de la sociedad en su conjunto para construir y escribir colectivamente y de manera consensuada el destino de la educación superior en el país.
En días recientes, cuando la comunidad académica ha puesto en el escenario público la situación de la educación superior en el país, se constituye en un acto de responsabilidad política y ética, develar los planteamientos de quienes aspiramos a cargos de elección popular, en un tema tan importante para la región, con el ánimo de contribuir en el debate público.
En el mundo actual no cabe duda sobre el lugar fundamental que ocupa la educación y el conocimiento para la realización de la vida humana. Se reconoce que una gran inversión en educación, en ciencia y tecnología, no solo propicia el crecimiento económico, sino también la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias. Sin embargo en los últimos 20 años, a la educación pública superior se le ha visto como una carga sobrellevada por gobiernos que no han encontrado en ella rendimientos ni electorales, ni económicos. Gobiernos que no han dado el salto hacia un modelo educativo de calidad, incluyente y público que garantice a la sociedad colombiana avanzar por una senda de desarrollo más equitativo. Por el contrario, proyectos de ley como la actual reforma a la ley 30, evidencian un modelo educativo al que se traslada un claro enfoque de desarrollo que profundiza la tendencia de transformar y minimizar el papel del Estado, convirtiendo a la educación en un servicio público (no en un derecho) que se transa en el mercado, tal como ha ocurrido con la fracasada ley 100 en el sector salud. Aún más, en este mundo global y competitivo en extremo, la formación profesional, sin fundamentos científicos y sin acceso a la cultura, que serían producto de la baja asignación presupuestal que plantea el proyecto de ley, conduce a empleos mal remunerados, circunstancia que acrecienta la brecha de desigualdad en lugar de reducirla.
Desde mi condición de dirigente político regional, egresado de la Universidad del Cauca, y en mi aspiración de dirigir los destinos de la región en los próximos 4 años, defenderé a la educación pública y a la Universidad del Cauca en particular, para que la educación en su conjunto se ponga en el centro de las prioridades de inversión pública en el departamento, los recursos de las regalías, manejados pulcramente, nos servirán para dar el salto hacia la cualificación de nuestro talento humano, la consolidación regional de programas de ciencia, tecnología e innovación y al acceso equitativo a la educación, de tal manera que podamos construir una sociedad más solidaria, justa y democrática. Me sumo igualmente a los diversos llamados de la comunidad universitaria para que desde el gobierno nacional, se inicie un proceso de diálogo y concertación sobre el contenido del actual proyecto de ley, y se habiliten espacios de participación de la sociedad en su conjunto para construir y escribir colectivamente y de manera consensuada el destino de la educación superior en el país.
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