TEMÍSTOCLES ORTEGA NARVAÉZ
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El apetito desmedido por obtener utilidades no se detiene ante nada. Arrasa con todo. Una muestra patética de ello, es el desprecio por el tiempo de la gente. Las entidades financieras, de telefonía celular y en general las empresas productoras de bienes y servicios imprescindibles en la vida moderna, poco o nada consideran los derechos de sus usuarios. Para empezar, nadie lee con interés los vinculantes contratos de pequeñísimas letras que obligan al suscriptor sutilmente hasta hipotecar sus ingresos. Y qué no decir de la lentitud y demora en atender sus inquietudes y reclamos. Claro, reclamarle a estas empresas es un acto de heroísmo o estupidez, porque el usuario siempre sale perdiendo.
Si hubiese conciencia de los derechos que tenemos como consumidores de bienes y servicios, quizá la cosa sería a otro precio. Por lo menos podría haber una interlocución institucional entre una asociación defensora de los derechos del usuario y estas empresas y no como ocurre actualmente entre un indefenso ciudadano, sin mayor conocimiento de la complejidad del servicio contratado y una todopoderosa empresa que nadie conoce más que a través de un cajero que responde siempre con un protocolo de códigos y cifras que ni el mismo entiende.
Porque buena parte de las utilidades empresariales se obtienen a costa de los derechos ciudadanos. La reestructuración de que tanto se habla, implica, de un lado, sustitución de trabajadores por cuenta de la tecnología y de otro, utilización del tiempo de la gente obligándola a permanecer horas enteras haciendo cola hasta para el más mínimo trámite.
Pero nadie protesta. Cuando más, se escucha en medio de la larga espera la expresión de inconformidad, la queja por la prolongada demora, pero nada más. Por tratarse de un servicio obligante, vital casi en la sociedad actual, las empresas aprovechan su posición dominante y la falta de conciencia colectiva que impide una actitud conjunta de los usuarios para, por ejemplo, vetar alguna de ellas, no utilizando sus servicios, sentando así un serio precedente que los obligue a respetar de verdad los derechos del consumidor. Y esto debe hacerlo la misma gente, por cuanto la eficacia de las normas a este respecto o la eficiencia de las oficinas defensoras del cliente es absolutamente nula.
Cuándo aprenderemos que la historia definitivamente la hacen las gentes, las gentes del común, las mismas que cansadas ya de tanto desconocimiento de sus derechos, salen a protestar y a marchar por calles, carreteras y caminos. Hay que seguir el ejemplo. Porque, así no nos guste, no hay otra forma.
